Cibercrimen en la mira de la ONU

Reading Time: 3 minutes

El 27 de Julio de 2021, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, presentó ante la ONU el primer borrador del tratado mundial contra la ciberdelincuencia titulado Lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. El embajador explicó en Twitter que su país esta abierto a una beneficiosa cooperación mutua y honesta, sin agendas ocultas y politizadas. El borrador del nuevo convenio busca expandir la lista de delitos cibernéticos y el control de las criptomonedas.

Actualmente impera a nivel internacional el Convenio de Budapest, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2001, que en su redacción original incluyó 9 delitos, que luego de la aprobación del Protocolo Adicional, agregó figuras delictivas relacionadas con el racismo y xenofobia. El Convenio de Budapest cumplirá 20 años de su aprobación en noviembre de 2021, pero no ha tenido la aceptación global que pudiera esperarse. A nivel latinoamericano diversos países aún no toman en serio el tema, lo que es aún más crítico para Centroamérica. En Febrero de 2020, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías –IPANDETEC– publicó el documento titulado Centroamérica Segura, en el que concluye que después de analizar detalladamente la situación de ciberseguridad en la región de Centroamérica y República Dominicana, llegamos a la conclusión que nos encontramos ante un subcontinente muy inmaduro en materia de ciberseguridad.

A raíz de la pandemia del COVID-19, los ciberataques han reflejado un crecimiento exponencial, afectando a millones de usuarios alrededor del mundo. También se han registrado y documentado cientos de ataques a sectores comerciales, gubernamentales y educativos, que han representado perdidas de miles de millones de dolares, tanto por los daños a la infraestuctura, equipo e información de las víctimas, como por los pagos que han recibido los atacantes en los casos de Ransomware.

El borrador presentado por Rusia, es resultado de un esfuerzo multilateral de varios países. Desde octubre del año 2019 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución con la que se decició establecer un comité intergubernamental especial de expertos de composición abierta, representativo de todas las regiones, a fin de elaborar una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. La resolución fué redactada por Rusia, China, Corea del Norte, Nicaragua y Venezuela. El proyecto es resultado del informe presentado en julio de 2019, que recoge la opinión de los Estados Miembros sobre los problemas que enfrentan en la lucha contra la ciberdelincuencia. La opinión de Guatemala no figura en dicho informe.

Desde que se dió a conocer el interés de Rusia, China y sus países aliados sobre un estándard internacional en materia de cibercrimen, diversos países y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han manifestado serias preocupaciones. La crítica se centra en la concepción amplia de cibercrimen incluida en el borrador, ya que además de abordar los constantes y dañinos ataques ciberneticos a infraestructuras críticas y empresas multinacionales, también incluye una intromisión preocupante y peligrosa en los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Un tema recurrente es la postura represiva en contra del cifrado, que limita la intromisión de terceros en las telecomunicaciones, entre ellos los propios gobiernos.

La presentación del tratado ocurre en medio de un vaiven de tensiones y pláticas entre Estados Unidos y Rusia, derivado de ataques cibernéticos a grandes corporaciones norteamericanas, donde se ha identificado grupos organizados rusos y chinos. También se ha identificado actividad de vigilancia digital por parte de Agencias Nacionales rusas. A nivel político Rusia ha proyectado una imágen muy conciliadora. En septiembre de 2020 el presidente ruso Vladímir Puttin, propuso a Estados Unidos un programa para restaurar la cooperación en el campo de la seguridad, en el uso de las tecnoloǵias de la información y la comunicación, con el objetivo de evitar una confrontación a gran escala en el campo digital. La propuesta se basa en cuatro aspectos:

  • Restaurar el dialogo bilateral
  • Mantener de forma continua y eficiente los canales de comunicación
  • Desarrollar un acuerdo bilateral de prevención de ciberincidentes
  • Garantizar la no intervención extranjera –mediante tecnología– en asuntos internos, incluidos los procesos electorales.

Aunque su discusión tomará al menos un par de años más, la posible aprobación de un tratado en materia de ciberdelitos a nivel mundial es un evento muy importante. El Derecho Informático parece estar tocando a las puertas de la casa grande, lo que podría representar un vehículo muy apropiado para su incorporación a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Bibliografía

Leave a Reply

Your email address will not be published.