Costa Rica cuenta desde el año 2011 con una norma de protección de datos personales. La ley número 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales dio vida a la Agencia de Protección de Datos de las Habitantes –PRODHAB– , adscrita al Ministerio de Justicia y Paz. Su principal objetivo es garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes.
Sectores relacionados con la normativa y la protección de datos personales en Costa Rica consideran que la ley vigente se ha quedado corta, teniendo como referente para dicha preocupación la creciente proliferación de iniciativas de ley en el mundo, inspiradas en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD). Un segundo factor, pero no por eso menos importante, es la preocupación surgida en 2020 por la presentación de una iniciativa para crear un repositorio único de datos biométricos y encargar su administración al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dicho proyecto establece acceso ilimitado a las autoridades judiciales y de investigación criminal de Costa Rica, con el objetivo de apoyar el combate a la criminalidad. Dicha propuesta ha generado preocupación ante la posiblidad de lesionar derechos de los ciudadanos, situación que se dió en febrero de 2020 cuando desde Casa Presidencial se dirigió un incidente de violación de la privacidad de las personas.
Ante las preocupaciones sociales sobre la situación de protección de datos, el partido oficialista presentaron una iniciativa de ley que plantea una reforma a la norma vigente. Algunas de las principales características del proyecto son:
- Amplía la lista derechos, incluyendo el derecho a la portabilidad y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado
- Propone una aplicación extraterritorial de la ley para más protección a las personas independientemente de dónde y quién realice el procesamiento de los datos
- Mejora la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes convirtiéndola en una autoridad con independencia funcional, administrativa, técnica, presupuestaria y de criterio
- Está basado en principios inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea
Con la aprobación de las reformas propuestas, Costa Rica podrá actualizar su marco normativo a nivel de estándares internacionales, además, le permitiría al país centroamericano adherirse al Convenio 108 de la Unión Europea sobre Protección de Datos Personales.
Bibliografía